El Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) alertó a las comunidades para que no se dejen engañar por la tarjeta informativa de Pemex, en la que la paraestatal negó que el oficio enviado al Ayuntamiento de San Antonio esté relacionado con proyectos de fracturación hidráulica. El OIM llamó a mantener los foros y las manifestaciones hasta lograr la prohibición de la técnica.
Revisión del comunicado y respuesta del OIM
Según el OIM, Pemex aseguró en su comunicado que la solicitud de conformidad respecto a la seguridad y ubicación de material explosivo “no se relaciona con el inicio de actividades de fracturamiento hidráulico de yacimientos de geología compleja, sino que es sólo un procedimiento administrativo para conservar la vigencia de sus permisos”. Tras ese comunicado, Juan Felipe Cisneros Sánchez, del OIM, realizó un análisis que, dijo, evidencia “falsedades y contradicciones”.
Cisneros Sánchez señaló que la publicación de la tarjeta obedeció a un intento por calmar a la población tras las protestas y la preocupación de miles de familias en la región, y que, aunque el comunicado niega la relación del trámite con fracturación hidráulica en San Luis Potosí, admite que las solicitudes son oficiales de Pemex.
Permisos en varios municipios y uso de terminología
El activista señaló que la paraestatal focaliza su aclaración en San Antonio y omite que los permisos fueron entregados en múltiples municipios de la región, que abarcan las áreas que el plan estratégico de la empresa contempla explorar y explotar. El OIM citó los siguientes municipios:
- Tamuín
- Ébano
- Ciudad Valles
- San Vicente Tancuayalab
- Tampamolón Corona
- Tanquián de Escobedo
- San Martín Chalchicuautla
- San Antonio
- Tancanhuitz
- Coxcatlán
- Axtla de Terrazas
- Matlapa
- Tamazunchale
- Xilitla
Asimismo, Cisneros Sánchez advirtió que la paraestatal utiliza diversa terminología para sustituir la palabra “fracking”, como “explotación de yacimientos de geología compleja” o “no convencionales”, con el fin de confundir a las comunidades, según su análisis.
Explosivos y permisos ante Sedena
Respecto a la afirmación contenida en el comunicado de Pemex, según la cual los trabajos de exploración y explotación por medio de fracturación hidráulica no emplean materiales explosivos en ninguna de sus etapas operativas, Cisneros Sánchez la refutó y afirmó: “Esta es la trampa más peligrosa: aunque es verdad que para romper la piedra y sacar el gas se usa agua a presión y químicos, nadie puede hacer fracking sin antes meter dinamita para mapear el terreno. Decir que los explosivos son solo para ‘estudios sísmicos’ es como decir que van a comprar los ladrillos, pero que no planean construir una casa. Es el primer paso obligatorio”.
El activista también cuestionó la explicación de Pemex de que el permiso ante la Sedena es preventivo para cuidar pozos viejos en los campos San Pedro (localizados en San Antonio y Tanlajás) y Limón (en Ébano), y preguntó por qué se activarían permisos de explosivos precisamente ahora si esos pozos son antiguos y no se planea usarlos. Cisneros Sánchez afirmó además que nadie en la industria tramita permisos de alta peligrosidad sin la orden de reactivar la zona.
Derecho a la consulta y llamado a resistir
El OIM sostuvo que, al admitir de facto que los oficios son suyos, Pemex asume implícitamente que ha violentado de forma sistemática el derecho a la consulta indígena y que ha actuado de mala fe a espaldas de la población, debido a que los permisos requieren manifestaciones de impacto ambiental y el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades. En palabras de Cisneros Sánchez: “Pemex quiere invisibilizar con su comunicado que su omisión estructural de consultar es un hecho consumado. Las comunidades tienen toda la razón en proteger su vida y su territorio mediante actas de no consentimiento avaladas por sus asambleas comunitarias, ejerciendo su personalidad como sujetos de derecho público.”
El OIM alertó que Pemex sigue con su Plan Estratégico 2025-2035, opera bajo la opacidad y convocó a continuar las protestas hasta la prohibición legal del fracking. El pronunciamiento señala que debe exigirse la cancelación total de cualquier permiso de explosivos porque, según el OIM, es el preámbulo del fracking y pone en riesgo manantiales, la salud y el futuro de la Huasteca. También recordó que la prohibición legal del fracking es un “compromiso de la presidenta de la República” y llamó a exigir la cancelación total de permisos.
