La Fiscal General, Ernestina Godoy Ramos, presentó los resultados de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que, dijo, desmanteló “la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento” y vinculó a San Luis Potosí como uno de los sitios donde se ubicó combustible ilegal.
Hallazgos principales
Según la exposición de la Fiscal, la red operaba mediante una estructura empresarial, financiera, aduanera y logística dedicada a introducir combustible al país por medio de declaraciones falsas. La FGR afirmó que el esquema alimentaba la evasión fiscal y el financiamiento de organizaciones criminales.
Modalidad de importación y traslado
La investigación señaló que el producto provenía de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos. Al ingresar a México, las empresas vinculadas declaraban el 10% de la capacidad de los ferrotanques o registraban el cargamento como si se tratara de otros productos para reducir el pago de impuestos.
Una vez en territorio nacional, el combustible era trasladado por ferrocarril hasta espuelas ferroviarias, donde, según la FGR, se descargaba sin los permisos correspondientes y se transfería a pipas y tractocamiones de distintas empresas para su distribución y comercialización ilegal en varios estados.
Alcance y estimación del perjuicio
La FGR estimó que el perjuicio a la Hacienda Pública superó los 4 mil millones de pesos. La investigación detectó 25 objetivos y personal de agencias aduanales relacionado con el esquema.
Los centros de operación y distribución señalados incluyen Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz, Durango, Zacatecas y la Ciudad de México.
La FGR también involucró al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, en el conjunto de hallazgos presentados por la Fiscal General.
