La etapa intermedia del proceso penal por la tragedia ocurrida en el antro Rich de la Plaza Alttus concluyó en el Centro de Justicia Penal, y el juez aprobó el listado definitivo de testigos que serán presentados en el juicio oral.
El suceso, ocurrido en junio de 2024, dejó dos jóvenes fallecidos y a otras personas con lesiones graves. Ramón Infante, padre de una de las víctimas, informó que la lista de testigos “ya no se limitará únicamente a los particulares imputados, sino que involucrará directamente al aparato gubernamental que operaba en ese momento” y precisó que “comparecerán funcionarios públicos estatales y municipales”.
Alcance de las comparecencias
La inclusión de servidores públicos implica que el juicio oral evaluará, además de la responsabilidad de los administradores del establecimiento, posibles omisiones de autoridades encargadas de la supervisión de la plaza. La atención de la asesoría legal de las víctimas se ha centrado en las oficinas encargadas de otorgar las licencias de construcción y funcionamiento.
Infante señaló que las indagatorias avanzarán formalmente sobre esas dependencias y que “hay funcionarios municipales en la lista que se revisará su grado de implicación en los hechos y su responsabilidad”. La comparecencia de estos servidores públicos buscará determinar si existió una presunta responsabilidad penal o administrativa al permitir la operación del espacio sin los dictámenes estructurales vigentes.
Los testimonios que se obtengan serán confrontados con el expediente de la Contraloría General del Estado, que ya documentaba advertencias previas de riesgo en el lugar, según indicó Infante.
Retraso en la apertura a juicio
A pesar de la conclusión de la audiencia intermedia, el inicio inmediato del juicio oral está retenido temporalmente por recursos técnicos presentados por los abogados de los imputados. Infante explicó que existen cuestiones pendientes, incluida la depuración de un amparo interpuesto por la defensa, y que se realizará una audiencia extraordinaria para resolver esos tópicos.
Una vez resuelto el amparo, el juez dictará el auto definitivo de apertura para el debate público. La etapa final del juicio oral concentrará la atención pública y definirá la situación jurídica de las tres personas que actualmente se encuentran procesadas y bajo investigación por el colapso del barandal.
Infante concluyó que la apertura de juicio oral someterá a un escrutinio riguroso todo el material probatorio recabado a lo largo de más de dos años y podría abrir la puerta a una justicia integral para las diez familias afectadas: “La apertura de juicio oral en contra de los tres acusados incluye también la apertura de pruebas, así como implicados en los hechos, incluye la comparecencia de funcionarios tanto municipales como estatales, así como determinar la responsabilidad de los mismos en los hechos”.
