Autoridades tének y nahua del municipio de San Antonio, acompañadas por integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), emitieron un posicionamiento en el que denuncian la “traición e incumplimiento” del Gobierno Federal en el tema del fracking y acusan a Pemex de implementar estrategias de división comunitaria.
La declaración, resultado de una asamblea informativa realizada el martes 7 de julio, advirtió sobre lo que calificaron como un intento de despojo y destrucción ambiental que, afirmaron, se pretende imponer en la región huasteca a través del Pan Estratégico de PEMEX 2025-2035.
Acusaciones contra el Gobierno federal y Pemex
En el posicionamiento reprobaron “una profunda hipocresía y el abierto incumplimiento de las promesas de campaña y los compromisos institucionales de prohibir la técnica de fracturación hidráulica y la minería a cielo abierto”. También hicieron referencia a un reportaje del diario El País sobre la creación de un fideicomiso para inversiones mixtas y señalaron que la actual administración “dejó morir” la iniciativa para prohibir estas prácticas.
Las autoridades afirmaron que la narrativa oficial de la Presidencia es “una simulación discursiva” y calificaron al comité de científicos y especialistas como “cortina de humo y un teatro técnico”. En el posicionamiento se señaló que el fideicomiso sería un “vehículo tramposo” para permitir la entrada de inversión privada y que con ello planean “entregar el subsuelo y entregar el agua al capital extranjero”; en el texto acusaron: “Nos quieren sacrificar”.
Rechazo y exigencias
Los firmantes reafirmaron su “absoluto, unánime e innegociable rechazo” a la fracturación hidráulica y a cualquier megaproyecto extractivo de minería, hidroeléctricas o gasoductos que implique cambio de uso de suelo en la región. Exigieron la “prohibición total y definitiva del fracking en las leyes mexicanas” y manifestaron que no aceptarán que el despojo se maquille bajo otras denominaciones técnicas en los manuales de Pemex.
En el posicionamiento se advirtió que la fracturación hidráulica sería inviable en la geografía kárstica de la Huasteca y que el uso de millones de litros de agua mezclada con cientos de químicos destruiría de forma irreversible flujos subterráneos y pozos comunitarios en una zona que, según el texto, ya sufre estrés hídrico crónico.
Demandas a autoridades locales y estatales
Las autoridades comunitarias lamentaron la postura del secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, y afirmaron que su actitud de “esperar confirmaciones oficiales” vulnera el Principio Precautorio establecido en los artículos 1 y 4 constitucional.
Exigieron al presidente municipal Benito González Hernández y a su Cabildo, así como a las y los alcaldes de la Huasteca Potosina, abstenerse de “firmar, sellar o validar a Pemex” para el uso de materiales explosivos y otros actos que consideraron violatorios de los derechos humanos e indígenas. Además, convocaron a la celebración de una sesión de cabildo abierta en un plazo no mayor a cinco días con presencia física de las autoridades tradicionales para decretar que no se autoriza ningún cambio de suelo para fines extractivos en el municipio.
Finalmente, alertaron sobre acciones de operarios de Pemex y afirmaron que, bajo el pretexto de gestiones, se implementan estrategias de división comunitaria que violan el Convenio 169 de la OIT. Indicaron también que cualquier intento de consulta a estas alturas es “extemporáneo, mañoso y de mala fe” y señalaron que las asambleas comunitarias ya decidieron: “no se da ningún consentimiento para implementar la fracturación hidráulica”.
