SAN LUIS

Blindaje a paz laboral de SLP, ante amenazas

Intereses mezquinos del exterior buscan alterarla, advirtió el nuevo funcionario, quien pretende acercar la institución al trabajador.

Más capacitación, blindar la paz laboral de SLP ante amenazas foráneas y usar la tecnología para asesorar mejor a los trabajadores potosinos serán los ejes principales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) durante la gestión del gobernador Gallardo, afirmó Néstor Eduardo Garza Álvarez, titular de la dependencia.


Sobre la capacitación, el joven funcionario estatal destacó que no es posible incorporar el capital humano a la vida productiva del estado, si no está adiestrado, porque actualmente existe gran demanda de personal técnico y profesional que lamentablemente las empresas están importando de otras entidades federativas.


“No se entendió en el pasado que no es solamente el desarrollo de la Zona Industrial o de la Zona Metropolitana de la capital, también hay que ver el interior del estado, debemos tener una política transversal, incluyente, no podemos dejar fuera a los grupos vulnerables, a los indígenas, a las madres solteras, a las jefas de familia, a los adultos mayores”, enfatizó.


PRIORIDADES

Puso especial énfasis en los jóvenes a quienes se les ha tildado peyorativamente como “ninis” (ni estudian ni trabajan), “cuando en la próxima década son los que van a tener las riendas del país, del estado y de la ciudad, si no los capacitamos, ¿en manos de quién vamos a estar?”, acentuó, en la entrevista.


Garza Álvarez señaló que el segundo eje que trabajará es la reforma laboral y la legitimación de los Contratos Colectivos de Trabajo. Al respecto afirmó que la democratización sindical significa paz laboral.
Aseveró que despliega una estrategia para “blindar a SLP, ante los intereses mezquinos de algunos individuos del exterior del estado que pudieran alterar la paz laboral”.


DEFICIENCIAS Por otro lado, lamentó recibir en la Procuraduría de la Defensa del Trabajador (PDT) cinco abogados para una fuerza laboral de alrededor de un millón 600 mil personas en el estado.


Perfila dotarla de herramientas tecnológicas para que esa Procuraduría tenga presencia en todo el estado y que el trabajador pueda acceder a una asesoría gratuita y eficiente, sin tanto trámites burocráticos.
Esto para que San Luis Potosí no caiga en situaciones como en Matamoros y Reynosa, Tamaulipas, donde coyotes han acabado con la industria manufacturera.


“No queremos arriesgarnos a eso en San Luis Potosí, queremos tener un call center, asesoría por WhatsApp, un sitio web, redes sociales, no hay que inventar el hilo negro. La procuraduría debe estar al alcance de los trabajadores y punto, tenemos que ir a dónde está el empleado a brindar esa asistencia”, subrayó.


DEBILIDAD INSTITUCIONAL Néstor Eduardo Garza Álvarez criticó el deterioro institucional en que recibió la dependencia. Un ejemplo son las Juntas Especiales en el interior del estado, como en Matehuala, donde solo dos abogadas llevan todos los asuntos.


Destacó el caso de Huehuetlán, donde encontraron que la nómina del Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icat) en la última parte de la anterior administración subió de entre 20 y 30 mil pesos mensuales hasta 550 mil pesos al mes. “Ya les tocará a las autoridades correspondientes investigar esto”.


Añadió que el 20 por ciento de la plantilla laboral de la STyPS está acéfala en sus posiciones, incluso la Dirección General del Trabajo de la que depende la Junta de Conciliación no tiene titular.


La propia Junta tiene congeladas alrededor de 25 posiciones, no se han repuesto bajas ni jubilaciones.
Trabaja con poco más de 75 personas, para abatir un rezago de 11 mil asuntos.


Proponemos que la Oficialía mayor permita disponer del personal suficiente para destrabar esto porque es un servicio al ciudadano.


“¿Cómo pretendemos hacer la mudanza al Nuevo sistema de Justicia Laboral, si no le ponemos atención a lo que tenemos atrasado?”, expresó.


Resaltó, además, que para que San Luis Potosí fuera uno de los primeros estados en la implementación de los Centros de Conciliación Laboral, la Federación aportó alrededor de 30 millones de pesos, pero el Gobierno del Estado nunca cumplió con su parte, no invirtió nada.


“Pese a ello hay un porcentaje de conciliación encima del 80 por ciento, por esfuerzo del personal; pero tenemos que abrir otras mesas, sólo hay seis en la capital. La Junta Local tiene diez mesas y sólo atiende rezagos.


Estuvo bien planeado en el papel, pero mal ejecutado”, comentó. Garza Álvarez aseveró que Gallardo Cardona tiene como meta ayudar a que el nuevo sistema de Justicia Laboral, en beneficio de patrones y trabajadores, se termine de implementar adecuadamente.


“Tenemos que crear un Centro de Conciliación Laboral fuerte, lo queremos dotar de suficiencia para que tenga esa calidad institucional que requieren los potosinos”, finalizó el funcionario estatal.

EL EXPRÉS

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