Estela Ambriz Delgado
La Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, A.C. (COCIHP) consideró que el comité de expertos designado por el Gobierno Federal para evaluar la viabilidad del fracking en México, en rigor científico debería concluir que dicha técnica no tiene cabida, debido a los daños irreversibles que provoca a los ecosistemas, la salud de las poblaciones, las economías locales, los cuerpos de agua, aire y suelos.
En este sentido, se advirtió que implementar esta técnica conllevaría que en los 17 municipios y 367 comunidades de la Huasteca Potosina, incluidos en las asignaciones de acuerdo al Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, se perforen miles de pozos y se abran decenas de caminos que los interconectan, además de poner en movimiento miles de pipas y camiones de carga con millones de litros de agua, sustancias químicas y arena, así como los hidrocarburos extraídos.
Asimismo, se tendrían que poner en operación miles de albercas de agua contaminada, compresoras y mecheros; se introducirían gasoductos y oleoductos, entre otra infraestructura asociada. Todo ello, a lo largo y ancho del territorio en el que conviven decenas de poblaciones y culturas milenarias, así como gran biodiversidad.
Además, la COCIHP destacó que en estos territorios se encuentran 200 cuerpos de agua perennes, entre los que sobresalesn los ríos Tampaón, Valles, Coy, Pujal, Huichihuayan, Tancuilin, Axtla, Claro, Amajac y Moctezuma, así como mil 305 cuerpos de agua intermitentes y numerosos parajes y manantiales emblemáticos como El Nacimiento y Tambaque. Estos sufrirían daños irreversibles e irreparables, que romperían toda viabilidad social y económica de la región.
“Mal harían los expertos en buscar quedar bien con la presidenta de la República aconsejando aplicar el fracking bajo procedimientos graduales, pero manteniendo la espada de Damocles sobre los territorios y pueblos. La ética, honestidad y profesionalismo demandan actuar con la verdad para proteger los territorios y los derechos humanos al agua, a la salud, a un ambiente sano, a la producción de alimentos, al trabajo, a la vivienda, entre otros que estarían siendo vulnerados”.
Por tanto, la COCIHP considera que la única conclusión sensata sería la de cancelar en el Plan Estratégico de Pemex el uso de la fracturación hidráulica y plantear su prohibición legal. Al mismo tiempo, que se plantee de manera precisa acelerar la transición hacia la adopción de energías renovables.
En este sentido, se precisó que si bien es loable que el ejecutivo federal anuncie la meta de avanzar hacia la generación de energía hasta un 38 por ciento para 2030, es pertinente plantearse un incremento presupuestal multianual orientado a la adopción de tecnologías de energías renovables.
“La industria que es la que consume el 60 por ciento de la energía debe poner de su parte adoptando también dichas tecnologías. Los pueblos y comunidades indígenas, cuyo consumo es mínimo, también pueden transitar al uso de energías renovables con inversión pública, considerando que sus costos actuales han disminuido notablemente”.
Finalmente, se señaló que es importante considerar que las comunidades indígenas ya han tomado el acuerdo de rechazar la devastadora técnica y defender el territorio, el agua y la vida. Además de que diversos sectores de la población huasteca han manifestado de manera contundente el mismo sentir, así como también lo han ratificado las poblaciones de las huastecas, así como del estado de Veracruz, la sierra norte de Puebla, y otras regiones del país que se ven amenazadas.
