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Hay 5 implicados en presunto desvío de Salud; solo Miguel Ángel N. detenido

José de Jesús Ortiz

Durante una audiencia de control judicial celebrada este martes, el extitular de Salud en el estado, Miguel Ángel N., denunció que es un perseguido político y dijo que la Fiscalía General del Estado más que investigar los delitos que le imputa —y por los cuales se encuentra detenido en el penal de La Pila desde el 3 de mayo de este año—, tiene como objetivo fabricar un culpable.

En la parte final de la audiencia para efectos de autorizar la obtención de información protegida por el secreto bancario, el exfuncionario público pidió al Juez de Control el uso de la palabra para fijar una postura y ahí señaló de forma general diversas anomalías procesales y una actuación dolosa de la Fiscalía para afectar el trabajo de su defensa jurídica.

“El 3 de noviembre cumplí seis meses de haber sido detenido y este es el primer acto de investigación (de la Fiscalía), el primero. En todo este tiempo se ha dedicado a obstruir, a solapar”, reiteró.

En la audiencia efectuada en la Sala 2 de Juicio Oral —como parte de la causa penal 252—, compareció el representante de los Servicios de Salud, como víctima; el agente del Ministerio Público como representante de la Fiscalía; un asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; el exfuncionario estatal, así como sus abogados particulares; la audiencia empezó poco después de las 10:30 de la mañana con diez minutos de retraso y duró cerca de 90 minutos, tras dos recesos decretados por el Juez de Control.

Ahí, el agente del Ministerio Público expuso en términos generales la teoría del caso que sostiene en contra de Miguel Ángel N., vinculado a proceso el 9 de mayo de 2022 por los supuestos delitos de ejercicio abusivo de la función y asociación delictuosa. En esencia, sostuvo que quien fuera titular de los Servicios de Salud (de enero de 2021 a septiembre de ese año), se encuentra implicado en un procedimiento simulado de compra de plaguicida registrado en abril de 2020, que habría generado una afectación al erario por 32 millones 732 mil pesos.

En dicho procedimiento, la representante ministerial señaló también a Mónica N., extitular de Salud y luego candidata a la gubernatura del Estado; así como a dos funcionarios más, Patricia N., y Francisco N, que ocupaban cargos directivos en la misma dependencia; además, refirió también a Jorge Fernando N., apoderado de la empresa Public Supply and Equipment de México SA de CV, como proveedor del plaguicida.

Aseguró que todos ellos se reunieron de “forma transitoria” en las instalaciones de la Comisión Estatal para Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) “para llevar a cabo la simulación de la compra” del producto, que se entregaría en 193 tambos de 208 litros cada uno. Dicha entrega se realizaría el 17 de abril de ese año por un monto de 32 millones 732 mil pesos.  De acuerdo con su exposición, el producto se pagó ese día, aunque nunca fue recibido. “Había un acuerdo previo de no recibir el producto y simular la compra”, agregó.

Indicó que estos hechos generaron una afectación al erario por lo cual el 26 de enero de este año, el actual titular de Salud, Daniel Acosta Díaz de León, presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía y, derivado de ella, Miguel Ángel N. fue detenido el pasado 3 de mayo y vinculado a proceso el nueve de ese mes.

Por todo ello, solicitó al Juez de Control la autorización para acceder a información financiera confidencial y dijo que el 3 de noviembre pasado, el fiscal general del Estado, José Luis Ruiz Contreras, la “habilitó” para solicitar al juez que se allegue dicha información financiera, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores —como parte de la investigación—, y determinar las cuentas de las cuales se hicieron las transferencias y los beneficiarios de ellas.

Pidió finalmente que se autorice dicha investigación financiera por medio de ese control judicial. “La información solicitada es pertinente para acreditar la teoría del caso” por parte de la Fiscalía, concluyó.

La defensa jurídica denuncia dolo por parte de la Fiscalía

Por su parte, la defensa jurídica del imputado, a cargo del despacho MLegal, de la Ciudad de México, denunció una actuación dolosa de parte de la Fiscalía General del Estado, pues señaló que el agente del Ministerio Público falta al deber de lealtad y probidad.

Puntualizó que desde el 8 de julio de 2022 solicitaron a la Fiscalía diversa información financiera para establecer la “trazabilidad” del dinero de ese pago por más de 32 millones de pesos por la compra del plaguicida en el que supuestamente estaría implicado Miguel Ángel N., a lo que la Fiscalía respondió que ya había sido solicitada. En una ocasión posterior, el 27 de octubre, respondió que estaba en “conversatorio con el Poder Judicial” para establecer la forma en que se solicitaría dicha información.

También, advirtió que lo que solicita la Fiscalía como información financiera no es lo que ellos habían pedido, que es la “trazabilidad” del dinero para poder esclarecer el día y hora en que fue retirado en efectivo, porque la Fiscalía afirma que el dinero fue transferido de la dirección de Salud a la empresa y ésta a su vez entregó el dinero en efectivo en aproximadamente un mes.

Enseguida, el Juez de Control decretó un receso para que tanto la representante de la Fiscalía como los abogados del imputado pudieran acordar si lo que solicitaban estos últimos se integraba o no a la solicitud planteada por el agente ministerial; en la pausa, la representante de la Fiscalía indicó que tenía que consultar dicha petición y luego de algunos minutos regresó acompañada de otra representante del Ministerio Público quien advirtió que se “ceñirían” a la solicitud de investigación indicada por la Fiscalía, la cual consideró “indispensable, idónea y pertinente”.

Ante ello, Alejandro Manríquez, titular del despacho MLegal, señaló que es evidente la parcialidad de la Fiscalía y advirtió que no está buscando investigar sino crear un culpable. “Hay insuficiencia probatoria, no quieren investigar la trazabilidad del dinero porque el caso se les cae”, advirtió.

Dijo además que no se estaba tratando “humanamente” a su defendido, por lo cual adelantó que harán lo conducente para que, con un mandato judicial, se pueda investigar financieramente esa ruta del dinero con que se simuló la venta del plaguicida y con lo que se relaciona al extitular de Salud.

Soy un perseguido político, denunció extitular de Salud

Antes de terminar la audiencia, Miguel Ángel N. solicitó al Juez de Control el uso de la palabra para expresar su postura, lo cual fue aceptado. En pocos minutos resumió que la Fiscalía ha actuado con dolo en su caso.

“El 3 de noviembre cumplí seis meses de haber sido detenido y este es el primer acto de investigación (de la Fiscalía), el primero. En todo este tiempo se ha dedicado a obstruir, a solapar”, denunció.

Y agregó: “Soy un perseguido político, lo único que ha hecho la Fiscalía es inventar un culpable más que investigar un delito”. También, dijo que la Fiscalía General del Estado ha impedido y bloqueado la investigación por parte de su defensa jurídica y subrayó que se “está omitiendo información importante sobre la trazabilidad del dinero”.

Posterior a la audiencia de control, la defensa jurídica de Miguel Ángel N. precisó:

“La Fiscalía no ha conducido a proceso o ejercido acción penal en contra de los diversos implicados supuestamente en el caso y que habrían participado con Miguel Ángel N., por lo que tenemos solo al doctor señalado como supuesto coautor y como parte de una supuesta asociación delictuosa, lo que resulta absurdo jurídicamente hablando, ya que para el doctor la Fiscalía sí tiene elementos para insistir en su proceso y con respecto a los diverso exservidores públicos y servidores públicos en activo no, cuando son los mismos hechos y datos de prueba y estándar probatorio. Por ello resulta raro el actuar de la Fiscalía”.

El extitular de los Servicios de Salud fue detenido el pasado 3 de mayo, señalado por su presunta relación en la compra irregular del plaguicida para combatir el dengue que –de acuerdo a la Fiscalía General del Estado– habría generado una afectación al erario por más de 32 millones de pesos. A la fecha, es la única persona detenida por ese supuesto delito.

Este miércoles 9 de noviembre vence la etapa de investigación complementaria del proceso.

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