Luego de la salida temporal de Rubén Rocha Moya, el Congreso de Sinaloa designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina, con el objetivo de mantener la estabilidad en la administración estatal mientras se desarrolla el proceso legal en curso.
La decisión fue tomada por el Poder Legislativo tras analizar el perfil de la funcionaria, quien fue considerada apta para asumir el cargo de manera provisional. Desde la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación se destacó su experiencia, así como su trayectoria en el servicio público, elementos que respaldaron su nombramiento.
Antes de esta designación, Bonilla Valverde ya tenía presencia activa dentro del Congreso local. Como legisladora del Partido Verde Ecologista de México por el Distrito 19 —que abarca municipios como Culiacán, San Ignacio, Elota y Cosalá— ha trabajado en temas relacionados con justicia y seguridad. Además, ocupa espacios relevantes como la presidencia de la Comisión de Justicia, la secretaría de Seguridad Pública y su participación en la Junta de Coordinación Política.
Su llegada al Ejecutivo estatal ocurre después de que Rocha Moya solicitara licencia al cargo en medio de una investigación iniciada por la Fiscalía General de la República. Esta indagatoria se originó a partir de señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos, quienes lo vinculan, junto a otros funcionarios, con el crimen organizado.
De acuerdo con información difundida por el Departamento de Justicia estadounidense, existe una acusación formal en la que se menciona al gobernador y a otros nueve perfiles de alto nivel en Sinaloa. El documento señala posibles vínculos con actividades ilícitas que, según la investigación, podrían remontarse a varios años atrás.
Tras hacerse pública esta información, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que recibió solicitudes de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos, lo que intensificó la atención sobre el caso.
Ante este escenario, Rocha Moya rechazó las acusaciones y aseguró que son falsas. En un mensaje dirigido a la población, sostuvo que su historial en el servicio público respalda su conducta y afirmó que enfrentará el proceso legal conforme a lo que determinen las autoridades.
Más adelante, el propio mandatario informó que decidió separarse temporalmente del cargo para facilitar las investigaciones y permitir que se desarrollen sin interferencias. Señaló que esta decisión responde a su convicción de actuar conforme a la ley y garantizar transparencia durante el proceso.
Con este contexto, el Congreso activó el mecanismo constitucional para nombrar a una persona que encabece el Ejecutivo estatal de manera interina. Así, Yeraldine Bonilla asumió el cargo tras rendir protesta, con la responsabilidad de dirigir la administración pública durante este periodo.
