La Comisión de Justicia de la LXIII Legislatura local ha aprobado una reforma significativa en la Ley de Protección a los Animales para el Estado de San Luis Potosí. Esta reforma prohíbe la organización, inducción o provocación de peleas entre animales, como perros, así como su entrenamiento para tales fines. Los responsables de estas actividades enfrentarán una pena de uno a cinco años de prisión y una multa equivalente a dos mil unidades de medida.
La reforma también incluye una modificación al artículo 117 y añade una nueva fracción XXII al artículo 4 de la Ley de Protección a los Animales. La fracción XXII pasará a ser XXIII y la XXIII se convertirá en XXIV. Asimismo, se propone la adición del artículo 317 Ter al Código Penal del Estado de San Luis Potosí.
La diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, quien impulsó la iniciativa, destacó que el maltrato animal se refiere a cualquier acto u omisión que cause dolor o sufrimiento a los animales, afectando su bienestar, salud o vida. A pesar de que las peleas de perros están prohibidas, estas actividades aún se realizan de manera clandestina y mimetizan aspectos de los deportes de contacto, lo que agrava el maltrato.
La reforma también sancionará la tortura animal, definida como causar dolor físico con el fin de obtener una reacción del animal, como castigo o sin justificación. Se busca asegurar un trato digno y respetuoso hacia los animales.
Además, la reforma propone adicionar el artículo 317 Ter al Código Penal del Estado, estableciendo una pena de uno a cinco años de prisión y una multa de dos mil unidades de medida para quienes participen en peleas de animales. Si el delito es cometido por un veterinario o una persona involucrada en el cuidado de animales, se añadirá la suspensión o inhabilitación de su profesión o licencia.
La reforma también incluye una sanción adicional de un tercio de la pena para quienes asistan como espectadores a eventos de peleas de perros, con pleno conocimiento de la naturaleza del evento.
El dictamen aprobado será enviado al pleno del Congreso del Estado para su análisis, discusión y posible aprobación.
