Abelardo Medellín
La sentencia condenatoria que se dictó contra el ex titular de la Secretaría de Salud, Miguel Ángel Lutzow Steiner, por supuestamente haber desviado 32 millones de pesos de esa dependencia, revela que en San Luis Potosí se aplica la justicia de manera selectiva y que existen acuerdos de impunidad entre otros ex funcionarios y la administración de Ricardo Gallardo Cardona, afirmó el integrante de la organización Ciudadanos Observando, Guadalupe González Covarrubias.
El activista en temas de combate a la corrupción opinó que aún hay posibles involucrados en el caso que deberían ser investigados, pero no han sido llamado a cuentas.
González Covarrubias comentó en primer término que la sentencia contra Lutzow Steiner podría ser una consecuencia de ciertos acuerdos entre el Gobierno del Estado y la ex secretaria de Salud, quien también pasó por un proceso penal en su contra, Mónica Rangel Martínez.
“Se presume que uno de los acuerdos que hizo Mónica Rangel fue precisamente consumar una venganza en contra de Miguel Ángel Miguel Lutzow, y al ver la sentencia por los delitos que lo están condenando, pues pareciera que se consuma esa esa venganza”.
Asimismo, comentó que si la Fiscalía General del Estado (FGE) logró una sentencia condenatoria por omisión contra Lutzow Steiner, el mismo criterio y acusación aplicaría para el ex gobernador Juan Manuel Carreras López.
“Genera muchas dudas esta sentencia, porque al parecer sí es una venganza, porque si se va a condenar a este ex funcionario por omisión, pues entonces tiene que ir la Fiscalía sobre Juan Manuel Carreras y Alejandro Leal Tovías”.
De acuerdo con el activista, el hecho de que se persiga a ciertos personajes, pero se permita que otros sigan en impunidad comprueba que el Gobierno, mismo que ha denunciado los crímenes de la herencia maldita, tiene acuerdos con personajes de esos grupos políticos de antaño.
González Covarrubias explicó además que otro aspecto de este acuerdo de impunidad se revela al advertir que no se han perseguido casos de corrupción en administraciones municipales, como el de Sandra Sánchez Ruíz.
“El propio caso de Sandra Sánchez Ruiz quedó impune, claro, el mismo Emanuel Ramos Hernández y te voy a poner otro ejemplo claro: se construyó un puente en unos terrenos que llevaban 50 años funcionando como periférico e inhabilitaron a los regidores y Xavier Nava Palacios, y a Ricardo Gallardo Juárez, que está involucrado en el fraude de un puente sobre Fray Diego de la Magdalena, que nunca se construyó y se gastaron el dinero, quedó impune; entonces eso es venganza y aplicación de la justicia selectiva”, dijo.
