En medio de señalamientos provenientes de Estados Unidos por presuntos vínculos con el grupo criminal de Los Chapitos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, decidió solicitar una licencia temporal a su cargo. La acusación, que también incluye a otros funcionarios, fue dada a conocer por el Departamento de Justicia y generó una fuerte reacción política tanto a nivel estatal como nacional.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó un documento de 34 páginas en el que se menciona a Rocha Moya y a otros nueve perfiles relevantes del servicio público en Sinaloa. Según la información, la supuesta relación con el crimen organizado podría remontarse hasta hace una década, aunque en el caso del gobernador se ubicaría desde 2021, antes de asumir el cargo. Tras la difusión de estos señalamientos, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la recepción de solicitudes de extradición por parte del gobierno estadounidense.
Ante esto, Rocha Moya rechazó de forma tajante las acusaciones y aseguró que podrá responder a ellas por la vía legal correspondiente. Más tarde, autoridades de la Fiscalía General de la República informaron que se analizaría la documentación enviada desde el extranjero para determinar si existen pruebas suficientes que sustenten las acusaciones.
De hecho, la FGR consideró que la solicitud estadounidense carece de fundamentos sólidos. Según explicó un funcionario de la institución, no se encontraron pruebas claras ni elementos suficientes que justifiquen una detención provisional, por lo que se pedirá información adicional a través de la vía diplomática. También se advirtió que este tipo de medidas implican restricciones a derechos humanos, por lo que deben estar respaldadas por evidencia contundente.
En este contexto, el gobernador sinaloense anunció públicamente que presentó ante el Congreso local su solicitud de licencia temporal mientras se desarrolla la investigación. Explicó que su decisión responde a una convicción personal y busca facilitar el trabajo de las autoridades, evitando cualquier tipo de presión desde el Poder Ejecutivo estatal.
Asimismo, afirmó que no ha traicionado la confianza de la ciudadanía y sostuvo que su actuar ha sido correcto. Insistió en que su separación del cargo permitirá que el proceso se lleve con mayor transparencia y sin interferencias.
La solicitud deberá ser revisada por el Congreso del Estado, que será el encargado de definir los pasos a seguir durante la ausencia del mandatario. Mientras tanto, el tema ha generado un intenso debate público en Sinaloa, con opiniones divididas entre distintos sectores políticos y sociales.
Con la salida temporal de Rocha Moya, el Congreso activó el procedimiento para nombrar a un gobernador interino que garantice la continuidad del gobierno estatal. Debido a los tiempos políticos, no se prevé la realización de elecciones extraordinarias, ya que en 2027 se renovará la gubernatura.
En el escenario político ya comienzan a surgir posibles perfiles para ocupar el cargo de manera provisional, entre ellos funcionarios y figuras cercanas al grupo en el poder. La decisión final quedará en manos del Poder Legislativo, que deberá elegir a quien encabece esta nueva etapa en la administración estatal.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum también fijó postura y señaló que el gobernador tiene el compromiso de velar por el bienestar de la población y la soberanía nacional, en medio de la controversia generada por las acusaciones.
