Han pasado diez años desde la detención de Filiberto N., conocido como el multi feminicida de Tamuín, quien confesó haber asesinado a cinco mujeres en San Luis Potosí. Sin embargo, el caso sigue sin una sentencia, dejando a las familias de las víctimas en un limbo de dolor e indignación.
Filiberto fue detenido en 2014 después de confesar sus crímenes y señalar los lugares donde abandonó los cuerpos. A pesar de las pruebas en su contra, incluyendo los restos de las víctimas hallados en un cañaveral, el proceso judicial se encuentra estancado debido a la falta de coordinación entre los poderes judiciales de San Luis Potosí y Durango.
Los familiares, que han enfrentado años de revictimización, denunciaron que las irregularidades en la investigación, como la obtención de su confesión presuntamente bajo tortura, han provocado constantes retrasos en el caso. A pesar de ello, un juez revocó en 2017 la posibilidad de liberar al agresor.
Guadalupe Chávez, madre de una de las víctimas, expresó su desesperación: “No confiamos ya en el sistema judicial, pero no nos queda más que insistir para que nuestras hijas obtengan justicia”.
El caso es un recordatorio del largo camino que aún queda por recorrer para erradicar la violencia feminicida y la impunidad en México, donde el sistema judicial a menudo falla en garantizar justicia a las víctimas y sus familias.
