En casos de peligro inminente o de extrema urgencia, el Ministerio Público podría ordenar la desocupación inmediata del domicilio conyugal o de pareja por parte de la persona agresora, sin importar si es propietario, poseedor o arrendatario del inmueble.
Con este objetivo, la diputada Roxanna Hernández Ramírez presentó una iniciativa de reforma al artículo 37 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, la cual ya fue turnada a comisiones para su análisis.
La legisladora explicó que la violencia de género deriva de la desigualdad y el abuso de poder, y afecta principalmente a mujeres, niñas y adolescentes. Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que el Estado debe garantizar medidas de protección que incluyan la investigación adecuada de los hechos violentos y la reparación de los daños.
La reforma también contempla la posibilidad de solicitar a la autoridad jurisdiccional competente la elaboración de un inventario de bienes de la persona agresora, así como su embargo precautorio, inscribiéndose con carácter temporal en el Registro Público de la Propiedad, a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
Hernández Ramírez subrayó que la medida busca que las mujeres y sus hijos puedan permanecer en su hogar de forma segura, sin que se ponga en riesgo su integridad ni su economía.
