Contraloría Estatal espera resolución judicial para confirmar sanciones por el accidente mortal ocurrido en el antro
La Contraloría General del Estado (CGE) informó que dos o tres funcionarios estatales podrían ser sancionados por el caso del antro Rich, escenario de un accidente mortal ocurrido hace más de un año en la capital potosina.
El titular de la dependencia, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, explicó que la decisión final dependerá de la resolución de un juzgado federal, que analiza el fondo de la impugnación presentada por las partes involucradas.
Aguiñaga Muñiz recordó que, en diciembre de 2024, la Contraloría emitió un resolutivo sancionador contra tres funcionarios estatales. Sin embargo, el resultado no se difundió públicamente porque la notificación se limitó a las personas intervinientes en el procedimiento.
En su momento, los nombres señalados fueron Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC); José Concepción Gallardo Martínez, de la Dirección de Gobernación; y Lucía Martha Ramírez Rodríguez, de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).
No obstante, el contralor aclaró posteriormente que no se refería específicamente a los titulares o directores generales, sino a integrantes de dichas instituciones que participaron en los procesos de supervisión y verificación del establecimiento.
Aguiñaga solicitó esperar el pronunciamiento del órgano jurisdiccional, que corresponde al Juzgado Sexto de Distrito, donde se desahoga el juicio relativo a los expedientes de investigación contra los funcionarios estatales.
El caso Rich continúa siendo un tema sensible para los familiares de las víctimas, quienes han exigido sanciones ejemplares y mayor transparencia en las investigaciones sobre el accidente.
