La diputada Gabriela Martínez Lárraga advirtió que la Legislatura saliente deja una gran deuda en cuanto a la administración y la impartición de justicia en San Luis Potosí. Los retrasos en la aprobación de iniciativas importantes, como las relacionadas con feminicidios y personas desaparecidas, han sido notables, al grado de que otras instancias han tenido que intervenir para acelerar los procesos.
Martínez Lárraga comentó que, aunque se legisla, la falta de capacitación de los operadores del sistema de justicia está afectando la efectividad de estas leyes. “Hay tal nivel de desfase que ya no se sabe cómo seguir adelante para legislar cuando, en la práctica, las leyes se vuelven inoperantes debido a la falta de capacitación y compromiso por parte de las fiscalías”, explicó.
A pesar de los recientes exhortos de la Cámara de Diputados para que diversas legislaturas estatales, incluida la de San Luis, cumplan con la creación de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, los retrasos persisten. También se ha evidenciado un retraso en el caso de la Fiscalía de Feminicidios, que, aunque fue instalada, aún no ha integrado a sus miembros ni ha desarrollado los protocolos necesarios.
La diputada señaló que la falta de capacitación ha llevado a que protocolos como el de violencia vicaria no se implementen adecuadamente. La ley exige capacitación para jueces y agentes del Ministerio Público, pero este proceso no se ha seguido correctamente.
Martínez Lárraga consideró que es necesario que el Congreso tome medidas urgentes para crear la estructura gubernamental adecuada que se encargue de los casos de desapariciones y personas no localizadas.
